Leyes de seguridad pública en España

El Senado español ha votado para impulsar cambios polémicos en las leyes de seguridad pública del país, reprimiendo los derechos de los españoles de libertad de reunión y expresión a pesar de la oposición de activistas y grupos de derechos humanos.

La ley mordaza en España

Los últimos años han visto a millones de españoles tomar las calles para expresar su descontento con el gobierno del partido de la derecha del Pueblo, en protesta contra las medidas de austeridad paralizantes y los intentos de revertir las leyes de aborto del país. Ahora el gobierno ha golpeado detrás con la legislación, doblada la “ley de la mordaza” por los críticos, que intenta limitar las protestas estableciendo pautas estrictas en cuando y donde pueden ocurrir y penalizando a infractores con multas escarpadas.

La legislación incluye multas de hasta 600 euros por no notificar a las autoridades sobre las manifestaciones en áreas públicas, incluso en el caso de protestas pacíficas. Una vez aprobadas, las marchas que desvíen de los itinerarios aprobados podrían sufrir multas de hasta 600 euros.

Las multas suben a 30.000 euros por protestas que provocan “graves perturbaciones de la seguridad pública” cerca del parlamento y de los edificios del Gobierno regional de España. Las protestas no autorizadas que tienen lugar cerca de infraestructura clave, como centros de transporte, centrales nucleares, refinerías e instalaciones de telecomunicaciones podrían resultar en multas de hasta 600.000 euros.

La legislación se dirigirá ahora al Congreso de los Diputados de España, donde se espera que la legislación sea ratificada a finales de mes.

Greenpeace, cuyos miembros fueron llevados recientemente a la corte durante una manifestación celebrada en 2011 en una central nuclear de Valencia, se ha pronunciado en contra de la legislación. “Es nuestro derecho expresar nuestra opinión, marchar al parlamento, ir a centrales nucleares para decir que son peligrosos o desplegar una pancarta en un edificio o una calle”, dijo Miguel Ángel Soto del grupo.

En los últimos meses, miles de españoles han caído en las calles de más de 25 ciudades y ciudades para expresar su descontento con el proyecto de ley, atando paños azules brillantes sobre sus bocas para demostrar el efecto escalofriante que la ley tendría en la libertad de expresión. Una encuesta de diciembre de Metroscopia para Avaaz.org encontró que el 82% de las 600 personas consultadas pensaron que la legislación debería ser modificada o abandonada.

Legislación desproporcionada

La legislación es desproporcionada e innecesaria, dijo Virginia Pérez Alonso de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información. “Este es uno de los peores ataques a las libertades que hemos visto en España desde los tiempos de Franco”.

En un país donde los desalojos de hogares ocurrieron a una tasa de 95 familias al día en 2014, las leyes propuestas apuntan a grupos como la Plataforma de Víctimas Hipotecarias, cuyas manifestaciones espontáneas frente a hogares buscan bloquear físicamente a la policía de llevar a cabo juicios de corte, Desalojos ordenados.

La legislación prevé multas de hasta 30.000 euros para aquellos que impidan que los empleados del gobierno hagan cumplir órdenes administrativas o judiciales.

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