Leyes de seguridad pública en España

El Senado español ha votado para impulsar cambios polémicos en las leyes de seguridad pública del país, reprimiendo los derechos de los españoles de libertad de reunión y expresión a pesar de la oposición de activistas y grupos de derechos humanos.

La ley mordaza en España

Los últimos años han visto a millones de españoles tomar las calles para expresar su descontento con el gobierno del partido de la derecha del Pueblo, en protesta contra las medidas de austeridad paralizantes y los intentos de revertir las leyes de aborto del país. Ahora el gobierno ha golpeado detrás con la legislación, doblada la “ley de la mordaza” por los críticos, que intenta limitar las protestas estableciendo pautas estrictas en cuando y donde pueden ocurrir y penalizando a infractores con multas escarpadas.

La legislación incluye multas de hasta 600 euros por no notificar a las autoridades sobre las manifestaciones en áreas públicas, incluso en el caso de protestas pacíficas. Una vez aprobadas, las marchas que desvíen de los itinerarios aprobados podrían sufrir multas de hasta 600 euros.

Las multas suben a 30.000 euros por protestas que provocan “graves perturbaciones de la seguridad pública” cerca del parlamento y de los edificios del Gobierno regional de España. Las protestas no autorizadas que tienen lugar cerca de infraestructura clave, como centros de transporte, centrales nucleares, refinerías e instalaciones de telecomunicaciones podrían resultar en multas de hasta 600.000 euros.

La legislación se dirigirá ahora al Congreso de los Diputados de España, donde se espera que la legislación sea ratificada a finales de mes.

Greenpeace, cuyos miembros fueron llevados recientemente a la corte durante una manifestación celebrada en 2011 en una central nuclear de Valencia, se ha pronunciado en contra de la legislación. “Es nuestro derecho expresar nuestra opinión, marchar al parlamento, ir a centrales nucleares para decir que son peligrosos o desplegar una pancarta en un edificio o una calle”, dijo Miguel Ángel Soto del grupo.

En los últimos meses, miles de españoles han caído en las calles de más de 25 ciudades y ciudades para expresar su descontento con el proyecto de ley, atando paños azules brillantes sobre sus bocas para demostrar el efecto escalofriante que la ley tendría en la libertad de expresión. Una encuesta de diciembre de Metroscopia para Avaaz.org encontró que el 82% de las 600 personas consultadas pensaron que la legislación debería ser modificada o abandonada.

Legislación desproporcionada

La legislación es desproporcionada e innecesaria, dijo Virginia Pérez Alonso de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información. “Este es uno de los peores ataques a las libertades que hemos visto en España desde los tiempos de Franco”.

En un país donde los desalojos de hogares ocurrieron a una tasa de 95 familias al día en 2014, las leyes propuestas apuntan a grupos como la Plataforma de Víctimas Hipotecarias, cuyas manifestaciones espontáneas frente a hogares buscan bloquear físicamente a la policía de llevar a cabo juicios de corte, Desalojos ordenados.

La legislación prevé multas de hasta 30.000 euros para aquellos que impidan que los empleados del gobierno hagan cumplir órdenes administrativas o judiciales.

¿Cómo funciona la ley de segunda oportunidad española?

Información sobre la ley de segunda oportunidad española

En marzo de 2015 el Gobierno daba luz verde a esta norma que entró en vigor en verano de este mismo año y que modificaba algunos procesos como el acuerdo extrajudicial de pagos (mediante el cual deudor y acreedores negocian nuevamente las condiciones con la supervisión de un mediador concursal) con la intención de facilitar que empresarios y particulares pudieran volver a empezar sin llevar la pesada carga de una deuda (siempre que hubiera sido contraído de buena fe). Si queréis aclaraciones sobre la ley de segunda oportunidad para personas fisicas, recomiendo que visitéis el link en cuestión, dónde dan información sobre esta ley a través de abogados experimentados en el tema.

La ley establece que se podrán acoger al acuerdo extrajudicial personas naturales y jurídicas en situación de insolvencia, declaradas en concurso o con activos propios suficientes para satisfacer los gastos del acuerdo. La siguiente vía que prevé la norma en caso de que este procedimiento no llegue a buen puerto es el concurso de acreedores, en el que el deudor se podría liberar los pagos pendientes tras la liquidación (siempre que se hubieran abonado los créditos no privilegiados y , si no se hubiese intentado el acuerdo extrajudicial, el 25% de los créditos ordinarios).

En caso de que la empresa deudora no haya podido cumplir los objetivos, el juez puede imponerle un plan de pago a cinco años que, si se cumple, la liberará del resto de la deuda pendiente. Eso sí, esta opción tiene algunas contraprestaciones, como el hecho de que la obligará a figurar durante cinco años en un registro público al que constará dicha situación. Igualmente, hay determinadas deudas que no podrán someterse a esta exoneración, como los créditos públicos.

La ley de segunda oportunidad para personas fisicas.

A su vez, la ley limita a diez años la frecuencia con que empresarios y particulares pueden acogerse a esta posibilidad, introduce el control jurisdiccional y refuerza las exigencias de buena fe, que debe quedar demostrada para poder acceder a la exoneración de la deuda .

Mejorando la insolvencia del fracaso empresarial

Evitar que un fracaso empresarial se convierta en un lastre para toda la vida para los emprendedores es uno de los grandes objetivos de la Unión Europea en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, así como acabar con los miedos de muchos empresarios potenciales (actualmente , según los datos que maneja Bruselas, la mitad de los europeos afirma que no iniciarían un negocio por miedo al fracaso). Por eso, el último 22 de noviembre la Comisión Europea presentaba una propuesta de directiva con la que pretende mejorar el funcionamiento de los sistemas de insolvencia y reestructuración.

Tal como asegura un comunicado de la Comisión, el objetivo principal de esta iniciativa es incrementar “las oportunidades de las empresas en dificultades financieras de reestructurarse en una fase temprana con el fin de prevenir la quiebra y evitar despidos”. A su vez, Bruselas quiere permitir unos procedimientos de insolvencia más efectivos y eficientes. “Queremos ayudar a las empresas a reestructurarse a tiempo con el fin de preservar los puestos de trabajo y el valor. También queremos apoyar a los empresarios que han fracasado para que vuelvan a ponerse en pie más rápidamente, salgan de su situación y vuelvan a intentarlo de nuevo con más prudencia “, aseguraba Frans Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión, en la presentación de la propuesta.

Para su diseño, la UE ha intentado basarse en el modelo de Estados Unidos, un país con una larga tradición emprendedora. Así, la Comisión propone, entre otras iniciativas, la puesta en marcha de medidas que permitan establecer unos principios comunes sobre el uso de marcos de reestructuración temprana (cuyo objetivo sería ayudar a las empresas a continuar con su actividad y preservar el empleo). También quiere impulsar una serie de normas que permitan a los empresarios de disfrutar de una segunda oportunidad, ya que habrán sido completamente liberados de sus deudas después de un período máximo de tres años. A su vez, señala la creación de medidas específicas para que los Estados miembros aumenten la eficiencia de los procedimientos de insolvencia, reestructuración y liquidación con la intención de paliar la excesiva lentitud y los elevadísimos costes de los procedimientos a muchos estados miembros.